La industria azucarera nacional se debate hoy entre la incertidumbre por el futuro de sus exportaciones a Estados Unidos y la creciente entrada desde ese país de fructosa derivada de maíz a precios de dumping.
La principal agroindustria mexicana encara este año el vencimiento del Acuerdo de Suspensión de Aplicación de Aranceles Compensatorios a las Exportaciones de Azúcar Mexicana hacia Estados Unidos suscrito en 2014 y por el cual sus ventas hacia el país vecino están sujetas, sin embargo, a fuertes restricciones tanto de volumen como de procesamiento.
México cosecha entre 55 y 57 millones de toneladas de caña, de las que se obtienen 6.4 millones de toneladas de azúcar para un valor bruto superior a los 80 mil millones de pesos. Representa 13.83 por ciento del PIB agropecuario y 11.61 del PIB del sector de la industria alimentaria.
Carlos Blackaller, líder de la Unión Nacional de Cañeros, expone: el tema de los edulcorantes es binacional. Sólo entre 2008 y 2014 el azúcar mexicana se vendió sin restricciones a Estados Unidos.
En 1994 –entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte– la importación de fructosa empezó a elevarse y se advirtió que venía –como hasta ahora– vía prácticas desleales de comercio (dumping). México interpuso entonces una controversia comercial y consiguió la imposición de aranceles provisionales para la fructosa e incluso bajó aquí su uso.
Sin embargo, apunta Blackaller, creo que el gobierno dejó perder el litigio, y a partir de 2006 se vio obligado a echar abajo ese impuesto. Desde entonces la fructosa fue tomando mercado interno y hoy alcanza un tercio de los edulcorantes calóricos consumidos en México.
A partir de 2008 el azúcar nacional entró sin restricciones al mercado estadunidense y se generó un sistema que el dirigente cañero llama de vasos comunicantes: se importaba fructosa y se mandaba azúcar a aquel país.
Pero en 2014, y ante la exitosa penetración del dulce mexicano, “Estados Unidos se siente amenazado y demanda también por supuesto dumping. Nos juzgan, sentencian e imponen aranceles”.
Y como salida al conflicto se negocia entonces el acuerdo de suspensión de esas tarifas, pero también se pone fin a la exportación de excedentes en los niveles y condiciones en que venía ocurriendo.
De ese modo, y pudiendo exportar hasta 1.6 millones de toneladas de azúcar, el cupo que hoy impone Estados Unidos es por la mitad, y se prevé que para el ciclo 2019-20, incluso el volumen pudiera ser menor. Ha estado en el rango de las 800 mil toneladas: Con esos acuerdos vivimos y estamos trabajando. Es una relación inequitativa, lamenta Blackaller.
No sólo eso, frente al interés por conservar sus privilegios, la industria azucarera estadunidense impuso a México (su principal abastecedor entre los alrededor de 40 países a los cuales compra) enviar azúcar crudo, esto es, como materia prima y no como producto terminado, y allá se realiza la refinación. Esto es, nos la compran barata, le agregan valor y la llevan a su mercado.
Con los acuerdos de suspensión, a ellos les quedó la mesa servida porque tienen al principal proveedor de azúcar al sur de su frontera, un producto de adecuada calidad, y quien les vende es un país superavitario al que urge sacar su producción, un abastecedor fácil de atender.
Sin embargo, para la industria mexicana esa negociación fue mejor que nada, porque incluso sacar en condiciones desventajosas sus excedentes representa 18 por ciento de su producción y lo logra a un mejor precio que la cotización en el mercado mundial.
Blackaller trata de ser optimista: Según nos han dicho, no habrá mucha discusión y los azucareros estadunidenses aceptarían mantener los términos del acuerdo tal como están. Sería peor no tenerlo.
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