Especialistas advierten que complicará aún más la situación migratoria con toda AL.

En medio del avance de las carpas de análisis para solicitud migratoria que avanzan su construcción en la parte baja del Puente # 1 de esta localidad fronteriza, el viernes pasado fue considerado como un día victorias para la administración Trump, debido a una decisión Judicial en la Suprema Corte de los Estados Unidos (EU), que le permitirá utilizar miles de millones de dólares que el Congreso había asignado para Defensa Nacional hacia la construcción del muro con México.

Expertos en política migratoria, seguridad y comercio internacional, así como congresistas locales, advirtieron que esta situación deja la puerta abierta para que esta situación pase sobre las decisiones de las comisiones de presupuestos.

“Trump no podrá utilizar fondos designados para la Defensa Nacional, ya que esos fondos ya están etiquetados y sería ilegal su utilización para otros conceptos”, afirmó el congresista Henry Cuellar, un acérrimo defensor de las fronteras seguras, del comercio internacional y de las conquistas democráticas bipartidistas.

Sin embargo, en contrasentido, el viernes pasado, la suprema corte de EU le dio la razón a Trump, y si demuestra que los fondos son necesarios para la seguridad nacional, como lo está haciendo, obtendrá recursos para la construcción del muro.

Alexei Woltornist, un portavoz del Departamento de Justicia, dijo que, “nos complace que el Tribunal Supremo haya reconocido que los tribunales inferiores no deberían haber detenido la construcción de muros en la frontera sur. Continuaremos defendiendo vigorosamente los esfuerzos de la Administración para proteger a nuestra Nación”.

En marzo del 2019, cuando le fue negado a Trump un presupuesto de casi 18 mil millones de dólares por el Comité de presupuestos de EU, el mandatario decidió que obtendría los fondos necesarios a como diera lugar para cumplir con las promesas de campaña.

El pasado 26 de Julio, EU firmó con el Ministro del Interior de Guatemala un tratado internacional que convertirá a este país centroamericano en lo que en Derecho Internacional se denomina un tercer país seguro en procesos de asilo.

Sin ambages, el presidente Trump anunció este acuerdo como el de Tercer País Seguro con Guatemala, “que cerrará el negocio de los traficantes de personas y brindará seguridad a los solicitantes de asilo legítimos”, asegurándose de que México blindará fronteras y recibirá al menos 200 mil “retornados” en espera de decisión de otorgamiento o negación de asilo en forma indefinida.

Los expertos señalaron que el acuerdo firmado por el ministro del Interior guatemalteco, Enrique Degenhart y Trump y el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, técnicamente designa a Guatemala como un tercer país seguro.

La presión sobre Guatemala se debe en parte al reciente acuerdo entre EU y México, de salvaguardar la frontera sur a cambio de cancelar amenazas sobre tarifas de comercio exterior.

Según medios de EU, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, pidió a otros países, incluida Guatemala, que hagan su parte después de los convenios de soporte para frenar la migración que ha convertido a la frontera Norte de México en una zona de desplazados, epicentro de una crisis humanitaria que traería serias consecuencias a la economía y al orden social de la frontera Norte.

El Congresista Eliot Engel, Demócrata de Nueva York y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, calificó el acuerdo como “ilegal”, …“en pocas palabras, Guatemala no es un país seguro para refugiados y solicitantes de asilo, como lo exige la ley”.

Y aunque el texto del acuerdo no lo expresa explícitamente, los expertos opinan que probablemente esto sea para salvaguardar algunas controversias guatemaltecas sobre tratados de terceros países seguros y las barreras legales para signarse como tal por el sistema constitucional de este país.


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