No es la primera vez que una decisión de política pública del presente gobierno federal pone en aprietos a la industria en México. Desde el pasado 3 de junio la comunidad empresarial involucrada en el comercio internacional ha sufrido un verdadero calvario en la importación de algunas mercancías, generándole costos extras e incluso pérdidas económicas.
Aquel lunes de junio entraron en vigor las nuevas reglas establecidas en el acuerdo de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de octubre de 2018 y que debieron haber iniciado el 1 de marzo del presente año, pero fueron prorrogadas para el primer día hábil del sexto mes.
Dentro de los cambios previstos y de manera inobjetable, la Secretaría de Economía (SE) decidió eliminar las llamadas cartas de excepción que permitían a los importadores no presentarla certificación de 64 NOM específicas, alegando que había un abuso de ellas y que con la aplicación de las normas se asegura “que los productos de importación cumplan con los requisitos y estándares de seguridad mínimos y así propiciar plena protección a los consumidores”, de acuerdo con lo publicado en el DOF.
“Hemos tomado muchas medidas, hemos generado algunos inconvenientes (…) obviamente se colapsó todo (…) todos lo padecimos, pero hemos ido estableciendo reglas para no dejar de establecer la normalización o un esquema de cumplimiento, pero también tratando y facilitando el comercio”, aseguró Alfonso Guati Rojo Sánchez, titular de la Dirección General de Normas (DGN) de la SE, en una abarrotada reunión que sostuvo con los agremiados al Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE), a mediados de septiembre pasado
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